BASTA DE PRIVILEGIOS PARA LOS GENOCIDAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.En horas de la mañana del lunes 11 del corriente el represor Alberto Galarza fue visto caminando libremente en pleno centro de Resistencia, en las inmediaciones del Banco del Chaco, sin esposas ni ningún tipo de medidas de seguridad, acompañado de una “presunta” custodia que en ningún momento demostró cumplir con la atención que el caso requiere. Alberto Galarza está procesado por torturas y desaparición forzada de personas durante la última dictadura cívico-militar en la causa “Caballero Lucio y otros sobre tormentos agravados y desaparición forzada”.
Cabe destacar que no es esta la primera vez en la cual se verifica la dispensa en el cumplimiento de las normas establecidas para el traslado y custodia de procesados por crímenes de lesa humanidad en la provincia.
El relajo en las medidas de seguridad en relación con genocidas proce sados es un caso de privilegio inadmisible y una prolongación de la impunidad para con los responsables del terrorismo de Estado en nuestro país.
La incertidumbre que este tipo de negligencias provoca se potencia al relacionarla con el caso de Norberto Raúl Tozzo, también implicado en crímenes de lesa humanidad, prófugo durante largo tiempo, hasta su reciente captura por INTERPOL en Brasil.
Por fortuna se logró fotografiar al torturador para acercar la prueba a la justicia e informar a la comunidad sobre el menoscabo a la “seguridad” que implica que peligrosos delincuentes perpetradores de los más horrendos crímenes contra la dignidad humana como Galarza deambulen libremente y con el beneplácito de una custodia negligente.
Ante el reiterado incumplimiento de las medidas de seguridad en traslado de represores del terrorismo de Estado, los organismos de derechos humanos que integramos la Comisión Provincial por la Memoria manifestamos que los acusados deberían ser alojados de inmediato en la UNIDAD PENAL Nº 7 “PRISION DEL NORTE” dependiente del Servicio Penitenciario Federal, disponiéndose a mas que los traslados de los mismos sean bajo responsabilidad y por personal de dicho servicio penitenciario.
Asimismo, exigimos a las autoridades judiciales y políticas la investigación correspondiente para dilucidar la presunta comisión de los delitos de desobediencia judicial y violación de los deberes de funcionario publico, la identificación del “custodio” y de toda la cadena de mando interviniente en la irresponsable ejecución de la orden de traslado, una afrenta a las víctimas, a sus seres queridos, y a toda la sociedad.
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